Milenio
POLÍTICA • 16
DICIEMBRE 2012 - 1:09PM — FERNANDO DAMIÁN
Mientras que
el perredista Silvano Aureoles dijo que nadie debería oponerse a que el sistema
educativo mejore, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía,
señaló que no se acaba con los privilegios de la cúpula del sindicalismo
oficial.
Ciudad de
México • La reforma constitucional en materia educativa dividió a las
izquierdas en la Cámara de Diputados, pues mientras la fracción del PRD sostuvo
que el proyecto representa un importante avance para recuperar la rectoría del
Estado en esa materia, la bancada de Movimiento Ciudadano calificó la enmienda
como una reforma “incompleta, precipitada y excluyente”.
Después de
que la Comisión de Puntos Constitucionales en el Palacio de San Lázaro
dictaminara la iniciativa presidencial y la turnara al pleno para su votación
el próximo martes, el coordinador perredista Silvano Aureoles puntualizó: “Esta
reforma es una añeja demanda de la izquierda y nadie debería oponerse a que el
sistema educativo en México mejore, sobre todo en un contexto en donde la
violencia y la presencia del crimen organizado amenazan con frustrar el
desarrollo de muchos jóvenes que ven en el estudio una oportunidad para
superarse”.
Remarcó que
la reforma en materia de educación emanada del Pacto por México representa un
avance importante para que el Estado retome la rectoría en esta materia y no
sea el gremio sindical el que defina la política educativa.
Anticipó así
que su grupo parlamentario respaldará el dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales, así como las adiciones que planteen durante la discusión de
esta reforma el próximo martes.
Por separado,
el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, denunció que la aprobación
del dictamen sobre la reforma educativa viola los principios de legalidad y
seguridad jurídica, al ser procesada “por consigna presidencial en sólo 48
horas”, sin acatar los procedimientos parlamentarios.
Sostuvo que
el “PRIAN” y sus aliados “pretenden convertir al Congreso de la Unión en la
oficialía de partes del Ejecutivo”. Advirtió, además, que la reforma no termina
con los privilegios de la cúpula del sindicalismo oficial.
Según dijo,
“la reforma educativa tiene como fin legitimar el Pacto por México, pero no es
más que una reforma mediática y excluyente que no resuelve los problemas de
fondo que enfrenta la educación en México”.
Mejía alertó
asimismo sobre la posibilidad de que la reforma a los artículos 3 y 73
constitucionales le abra la puerta al cobro obligatorio de cuotas en las
escuelas públicas, y por ello indicó:
“Rechazamos
esta reforma incompleta, precipitada y excluyente; proponemos, con una amplia
participación de todos los sectores del país, una auténtica reforma educativa
que transforme nuestro sistema educativo y termine verdaderamente con el
control patrimonialista y clientelar de la cúpula del SNTE”.
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