Por Dulce Olvera
Las próximas administraciones de Quintana Roo y Veracruz,
advierte el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, tendrán poco margen para
seguir endeudándose. ¿La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios aprobada por el Congreso de la Unión limitará el
incremento de la deuda de los estados que renovarán gobiernos tras las
elecciones de junio?
Deuda de estados en 2010 y 2015 (mmdp)
De los 13 estados donde habrá elecciones el próximo 5 de
junio, la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua son los más endeudados de
acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En
siete de ellos, más de la mitad de la población ocupada laboró en el sector
informal al cierre de 2015, en tres de las entidades creció el porcentaje de
pobreza y pobreza extrema al término de 2014 y, salvo el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, ninguno de sus actuales gobernadores han presentado su
declaración patrimonial, fiscal y de interés.
De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de
entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la SHCP, la deuda
de todos los estados sumó 536 mil 269 millones de pesos en 2015, 70 por ciento
más que la alcanzada en 2010 [314 mil 664 millones de pesos], año en que
comenzaron a operar la mayoría de los gobiernos estatales que serán renovados
en las urnas el próximo 5 de junio.
Endeudarse en el presente, expone el documento “Deuda
Pública” de la organización México Evalúa, implica que en el futuro se tendrá
que reducir el gasto o aumentar los ingresos.
Tomando en cuenta sólo a los 13 estados que celebrarán
comicios y a la Ciudad de México, donde también habrá elecciones para el
llamado Constituyente, los cinco más endeudados al término de 2015 son la
capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879
mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de
22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de
acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó en un
mensaje semanal que a pesar de estos incrementos “en muchos casos, los recursos
no se han visto reflejados en impulsar la mejora en la calidad de vida de la
población”.
Por ello, el organismo cúpula del empresariado en México
consideró fundamental que haya una corrección de los próximos gobiernos estatales,
ya que ante la caída en los precios del petróleo las transferencias a los
estados desde la Federación se contraerán en los próximos dos años.
Durante el primer bimestre de este año, Hacienda dio 118 mil
814 millones de pesos en aportaciones a entidades federativas. Tanto estados
como municipios son altamente dependientes de éstas ya que “apenas generan el
16 por ciento de sus ingresos”, documenta el sector empresarial.
Una opción para que los estados no dependan tanto de estas
transferencias, considera Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y
Rendición de Cuentas de México Evalúa, es mejorar el cobro de algunos impuestos
como el predial, ya que actualmente es ineficiente y no tiene una cobranza
efectiva: los valores de las propiedades no están actualizados y no hay
mecanismos efectivos para presionar u obligar a pagarlo, dice.
¿LEY PARA LIMITAR DEUDA DE ESTADOS?
En marzo pasado, el Congreso aprobó la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), bajo la cual
gobernarán las próximas administraciones. De acuerdo con dos especialistas, la
Ley pone un límite para el nivel de endeudamiento y genera mayor transparencia,
pero “se queda corta” en sanciones y, si se hubiera realizado antes, los
gobiernos salientes ya no podrían contratar deuda a corto plazo en sus últimos
tres meses de administración.
Entre las medidas para controlar la contratación de deuda,
la ley implementa un sistema de alertas para su medición y crea el Registro
Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y empréstitos
contratados por todos los entes públicos locales. Esto exige a los estados con
niveles insostenibles de deuda reportarlo a sus respectivos congresos y pedir
autorizaciones para poder seguir accediendo a créditos, expone Guadarrama, del
IMCO. Es un contrapeso por parte del Poder Legislativo.
Mariana Campos destaca que marca límites para que la deuda
se utilice para inversiones productivas y regulariza los ingresos excedentes
–los que los estados reciben posterior a la aprobación de sus presupuestos–
para que un porcentaje importante de ellos sea destinado al pago de la deuda
que tienen.
Manuel Guadarrama enfatiza que si la ley hubiera llegado
antes de las elecciones, al no ser publicada aún, hay una oportunidad perdida:
existe una medida que prohibe que se contrate deuda de corto plazo en los
últimos tres meses de administración.
VERACRUZ Y OAXACA: POBREZA Y ESTADO FALLIDO
De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?, la entidad, lejos de
alcanzar los 18 mil 675 nuevos empleos formales que tiene como meta, dejó de
crear 4 mil 287 empleos durante el primer trimestre de 2016. En contraste,
durante los últimos tres meses del año pasado, el 61 por ciento de los
veracruzanos laboró en el sector informal, es decir, sin acceso a seguridad
social.
El CCE ha reiterado mediante sus mensajes semanales que la
creación de empleos formales abate la pobreza y la desigualdad de “una manera
permanente en el tiempo”. El organismo ha estimado que aunque en los tres
últimos años se ha logrado crear casi un millón 900 mil empleos formales, el
país necesita mantener un ritmo de más de un millón de plazas por año para
impulsar el crecimiento.
En cinco estados que renuevan gubernatura, destacó el sector
empresarial, creció la pobreza extrema durante las administraciones salientes.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), Veracruz ocupa el segundo lugar al reportar un incremento de
14.3 por ciento en 2012 a 17.2 por ciento en 2014 –mil 370 personas–. El
porcentaje en pobreza también aumentó de 52.6 a 58 por ciento [4 mil 634
personas].
México, ¿Cómo Vamos? también pone en semáforo rojo a Oaxaca.
En el primer trimestre de 2016 sólo generó 57 empleos formales frente a los 9
mil 650 necesarios. Su tasa de informalidad se ubica en un 72.9 por ciento de
la población que labora en el estado sureño.
Entre los 13 estados en proceso electoral, revelan datos del
Coneval, Oaxaca ocupa el primer lugar en personas en mayor pobreza al registrar
un aumento de 61.9 por ciento en 2012 a 66.8 por ciento en 2014 [2 mil 662
personas]. En cuanto a pobreza extrema, de igual manera subió de 23.3 a 28.3
por ciento –1 mil 130 personas.
Sin embargo, Veracruz y Oaxaca no son los únicos. Al
considerar los 13 estados donde saldrán a votar el próximo 5 de junio, en siete
de ellos más de la mitad de la población ocupada laboró en el sector informal
durante el cuarto trimestre de 2015. Es el caso de Durango [50 por ciento], Hidalgo
[67.9 por ciento] Oaxaca [72.9 por ciento], Puebla [68.5 por ciento], Tlaxcala
[67.2 por ciento], Veracruz [61 por
ciento] y Zacatecas [54.2 por ciento], de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?
En cuanto a generación de empleos, Puebla, Durango y Tlaxcala
también están en rojos: Puebla, de los 15 mil 125 puestos que debería generar,
creó 6 mil 555 empleos durante el primer trimestre de 2016.
Durango creo 2 mil 424 trabajos frente a la meta de 3 mil
600, y en el caso de Tlaxcala, de los 3 mil 075 necesarios, hubo mil 228
puestos nuevos en los tres primeros meses de este año.
Veracruz, Oaxaca e Hidalgo mostraron un crecimiento en los
rubros de pobreza y pobreza extrema, ambos indicadores reportaron un alza con
datos de 2014 del Coneval.
En cinco estados actualmente en campañas electorales creció
la pobreza extrema de 2012 a 2014: Baja California [de 3.2 a 3.1 por ciento],
Chihuahua [de 3.8 a 5.4 por ciento], Hidalgo [10 de 12.3 por ciento], Oaxaca
[23.3 a 28.3 por ciento], y Veracruz [14.3 a 17.2 por ciento]. En cuanto al
porcentaje de personas en pobreza, incrementó en cinco entidades en proceso
electoral: Hidalgo [de 52.8 a 54.3 por ciento], Oaxaca [61.9 a 66.8 por
ciento], Sinaloa [36.3 a 39.4 por ciento], Tlaxcala [de 57.9 a 58.9 por ciento]
y Veracruz [52.6 a 58 por ciento].
De acuerdo con el coordinador de Acción Ciudadana Frente a
la Pobreza, los próximos gobiernos deben implementar una inclusión económica
para que los productores puedan recibir los beneficios de proyectos de
inversión y romper la proliferación de programas sin sustento básico o enfoques
clientelares. Es necesario, afirma, construir un sistema integrado de
protección social; que haya pocos programas sociales, pero con mucha cobertura.
LEY 3 DE 3: LOS QUE SE VAN
Sólo 12 gobernadores han cumplido con el ejercicio de
transparencia denominado Ley 3 de 3: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de
México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.
Pero ninguno de los administradores de los 12 estados donde
se pasará la estafeta ha reportado su declaración patrimonial, de intereses y
fiscal.
Un Gobernador que ya va de salida ve mucho menos costo
político en no presentarlo, explica la investigadora Alexandra Zapata, del
IMCO. Los que más sienten la exigencia ciudadana son los candidatos que están
compitiendo por los votos.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde también
habrá elecciones, ha presentado recientemente su declaración patrimonial, de
intereses y fiscal.
En cuanto a las declaraciones de los candidatos, Alexandra
Zapata destaca que el perredista José Antonio Estefan Garfías, aspirante en
Oaxaca, declaró públicamente que no presentaría su declaración 3 de 3 a menos
que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo estableciera como una obligación.
Pero cuando sus contrincantes del PRI y del PT lo presentaron, publicó su
declaración. “Es obvio la presión política que están viviendo”, concluye.
Hasta hoy, 20 candidatos a gobernar alguno de los estados ya
subió su declaración. No obstante, ningún candidato a la gubernatura para
Tamaulipas y Baja California lo ha hecho.
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